El Bloque ampara al PSOE para cerrar la investigación de la agente electoral sin dimisiones

Ahora es el Gobierno del presidente Touriño el encargado de «que se tomen as decisións oportunas». Con esta críptica frase escenificó ayer el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, el acuerdo alcanzado con sus socios del PSdeG para echarle el candado a la comisión que investiga el caso de la supuesta agente electoral socialista. Aunque en las conclusiones se considera probado que María Isabel Blanco fue contratada con fondos públicos y que viajó con cargo a la Xunta a Buenos Aires, durante la campaña de las municipales del 2007, lo cierto es que los socios del bipartito evitaron fijar en el dictamen las responsabilidades políticas que podrían derivarse de este extraño caso.

«Estou esperanzado de que o Goberno vai estar á altura das circunstancias», insistió Aymerich, dejando entrever que le hubiera gustado ir más allá y resignado a tragarse algunos de los sapos que salieron de su boca en relación con el modus operandi de los socialistas en las comunidades gallegas del exterior.

Con «patente de corso»

De manera ácida y contundente se despachó también ayer el portavoz del PPdeG en dicha comisión, Antonio Rodríguez Miranda, que reclamó continuar con los trabajos y solicitar nuevas comparecencias para ir al fondo del asunto. En su opinión, el pacto de ayer trasluce que «hai un partido con patente de corso para cometer todo tipo de irregularidades» en el voto exterior, porque otro partido está dispuesto a «encubrir». «O BNG xa non pode exhibir máis esa bandeira -agregó-, de inmaculado e impoluto» en relación con el voto emigrante.

El socialista Xaquín Fernández Leiceaga fue quien más satisfecho se mostró, pues aseguró que la comisión se limita a demostrar que existieron «deficiencias que deben ser corrixidas» en la gestión de las ayudas y los convenios públicos. En todo caso, el texto inicial patrocinado por Leiceaga era más bien producto de su fantasía que de la realidad, pues reflejaba textualmente que «non se pudo acreditar ningunha actuación fraudulenta ou ilícita», referencia que fue pulida por el BNG con palabras más duras. Además, la claudicación de los nacionalistas fue recompensada con tres concesiones: reformar la ley electoral gallega, acelerar la reforma de la estatal para implantar el voto en urna y regular los viajes institucionales al exterior.