
Según la ley que lo regula, el Centro Nacional de Inteligencia es “el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno mismo, las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones” (…)
“El CNI está sometido a control parlamentario por la Comisión de gastos reservados del Congreso y también necesita autorización judicial previa de un juez del Tribunal Supremo en caso de actividades que afecten a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones”.
¡Qué serio suena todo eso en contraste con la chapuza que debió de quitarle el sueño más de una noche al magistrado Roberto García-Calvo! A propósito, ¿cuánto tiempo va a seguir desaparecido Alberto Sáiz? ¿Cómo es posible que todavía no haya dicho “esta boca es mía”?
Cuando en 2004 los periodistas dimos la noticia de su nombramiento -subrayando que se hacía cargo unos servicios secretos que habían estado en el ojo del huracán por el 11-M, la entrevista de Carod Rovira con etarras en Perpignan o el asesinato de ocho agentes en Irak-, lo único que podía decirse en su contra es que carecía de experiencia y que José Bono le regalaba el cargo como reconocimiento a su amistad. Sólo eso.
Tres años después, es probable que el hoy presidente del Congreso sintiera vergüenza al oirle opinar en Toledo que los políticos no habían escuchado a los servicios de inteligencia y que si lo hubieran hecho, se habría evitado no sólo el 11-M en Madrid, sino el 11-S en los Estados Unidos. Fue el primer gran error de Sáiz que se queda en pañales al lado de una trama como la que denuncia ahora el equipo de investigación de Intereconomía.
Tranquiliza saber que el Partido Popular pedirá explicaciones al Gobierno sobre el papel que jugó el CNI en la campaña de desprestigio que sufrió el magistrado Roberto García Calvo, mas no es consuelo…Ocurrió con Jerónimo Arozamena - vicepresidente del Tribunal Constitucional y ponente del caso Rumasa en 1983- cuando el CNI todavía era el CESID; ocurrió con Manuel Pizarro el verano pasado…¡A saber cuántas veces más ha pasado sin que nos hayamos enterado! Y a todo esto, Alberto Sáiz, el amigo de Bono, sigue sin decir “esta boca es mía”.
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