Las autonomías critican el «agujero» de la Dependencia

Denuncian que la financiación es «insuficiente»

La Administración central sólo cubre el 14 por ciento de la prestación a una persona dependiente.

La ayuda a las personas con grandes y severas dependencias cojea y peligra. Las comunidades autónomas no reciben suficiente aportación económica del Estado para hacer frente a todas las peticiones de prestación y tampoco está garantizada su financiación en el tiempo, ya que la aportación de la Administración general del Estado depende cada año de la asignación que se fije en los Presupuestos Generales del Estado. Esta queja unánime de las autonomías se escuchó ayer en León, donde se celebró el primer foro sobre Dependencia en las comunidades, en el que participaron La Rioja, Murcia, Valencia, Navarra, Canarias, Madrid y Castilla y León, la mayoría gobernadas por el Partido Popular.

Un año después de la aplicación real de la Ley, el principal problema que presenta la norma es que una persona con igual grado de dependencia no recibe la misma prestación de la Administración en toda España, ya que la forma de determinar la capacidad económica del dependiente y la aportación que debe hacer cada uno es diferente dependiendo de la comunidad en la que resida, según reconocieron los principales responsables de la atención a la dependencia.

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón, lamentó que el Gobierno «incumpla la Ley de Dependencia» al no financiar al cincuenta por ciento con las comunidades autónomas las prestaciones que se conceden. Así, si la atención en una residencia cuesta al mes un promedio de 2.500 euros, el beneficiario aporta 500 euros (el 20%), la autonomía 1.694 (66%), mientras que la Administración central 306 (14%), cuando ésta «debería aportar mil euros», según manifestó a LA RAZÓN el consejero castellanoleonés.

Es por esto por lo que las comunidades exigieron ayer que se alcance un pacto de Estado para que la aplicación de la Ley de Dependencia «sea igual en toda España». Además, reclamaron la convocatoria urgente del Consejo Territorial de Atención a la Dependencia para promover que la Ley cumpla todos los objetivos que tiene previstos.