APROBADO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR AL PLAN DEL PP

La propuesta de elaborar una estrategia nacional para mejorar la educación lanzada el domingo por el candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido una positiva acogida en el mundo educativo, con ligeros matices, según la ideología que aliente a cada una de las entidades.

Las organizaciones que representan a la escuela privada y a la concertada se han mostrado satisfechas con el anuncio del líder popular. Así, Manuel de Castro, secretario general de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA y EyG), que representa a un millón y medio de alumnos escolarizados en centros católicos de toda España, sostiene que «la apuesta por la calidad en la educación española debe ser prioritaria para cualquier partido político, especialmente a la luz del último informe Pisa».

Ante los resultados de este informe, negativo para España, «las medidas sobre becas y esfuerzo propuestas por Mariano Rajoy pueden ser un aliciente para atajar el descuido de nuestro sistema educativo en el ámbito de la excelencia», asegura De Castro. «Tenemos —continúa— pocos alumnos con muy buenas notas y eso es algo que un país como el nuestro no se debe permitir».

Isabel Bazo, presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), «valora positivamente las propuestas para mejorar la educación española» formuladas por Mariano Rajoy.

Bazo dice en referencia al mensaje del líder popular que «nos convence porque es la respuesta esperada a los planteamientos de la CECE en estos últimos cuatro años: libertad, calidad, igualdad de oportunidades y recuperación de la ilusión de educar».
En la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza (Acade) consideran que «hay que introducir estabilidad en el sistema educativo y que no debe estar sometido a cambios permanentes, ni vaivenes políticos».

Por su parte, el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández Guisado, reconoce en las propuestas populares «un importante catálogo de reivindicaciones» de su sindicato. Entre ellas, resalta «la vertebración del sistema educativo, la igualdad de oportunidades, que sólo puede conseguirse con la calidad educativa, la exigencia, el rigor y el esfuerzo como principios básicos del aprendizaje, y la importancia de establecer una carrera profesional para los docentes y reforzar su autoridad».

ANPE va más allá al recordar que «sea cual sea el resultado de las urnas, exigirá al nuevo Gobierno un aumento de la inversión educativa, medidas de apoyo al profesorado estructuradas en un Estatuto Docente, revisión del diseño de la Educación Secundaria y el Bachillerato, prestigiar las enseñanzas de la FP y, por supuesto, un compromiso profundo con la mejora de la convivencia en los centros educativos, y un apoyo decidido a la enseñanza pública».

Pacto de Estado

No obstante, Fernández Guisado advierte de que «son medidas que sólo podrán llevarse a cabo si se establece un consenso básico de las fuerzas políticas y sociales sobre los temas educativos».

José Campos, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC.OO.) ve positivas «algunas» de las propuestas electorales del PP, como el consenso para elaborar un plan nacional y el refuerzo del inglés. Pero lamenta que en las sesiones educativas del PP «no se hablara prácticamente sobre la función del profesorado y de la configuración del Estatuto Docente».

Por su parte, el secretario general de FETE-UGT, Carlos López, cree que una reforma de la LOE «desestabilizaría» el sistema educativo. CSI-CSIF reclama un «pacto de Estado por la Educación, que deje al margen las cuestiones partidistas y se centre en la mejora real de nuestro sistema». Inmaculada del Rosal considera que «sólo de esta manera tendremos garantizada la estabilidad con un marco normativo serio y pensando en el futuro, no centrado en los enfrentamientos del día a día parlamentario».

Adrián Martín, secretario general de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO) valora también positivamente la propuesta en el sentido de que «contribuye de entrada a que la educación española sea uno de los temas clave para debatir de cara a las próximas elecciones». Aboga por un «pacto social por la Educación», en el que se impliquen todos los agentes sociales y educativos. «Esa sería —afirma— la mejor medida para que la educación no se convierta en un instrumento del mercado político, como así ha venido sucediendo en los últimos años»

Financiación de los conciertos

El análisis de las asociaciones de padres es el que encierra unas diferencias más acusadas. La Confederación católica Concapa aplaude las iniciativas surgidas del PP, porque «llevan a la educación por buen camino, retomando el valor del esfuerzo y dando mayor autoridad al profesorado». Por el contrario, la Confederación laica Ceapa, califica de «anticuados y poco adecuados para el siglo XXI» los planteamientos de los populares.

La Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), la más joven de las organizaciones, se siente satisfecha con las medidas del PP, «pero también pedimos desde Cofapa que si llegan al poder las lleven a cabo tal y como lo han puesto de manifiesto». Acerca de los conciertos, esta organización pide que su financiación «sea real y se ajuste al coste de la misma para que los padres no tengan que hacer frente al plus en la educación de sus hijos».

Entre los compromisos que Rajoy deberá cumplir si llega a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo mes de marzo destacan los referidos a la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, la potenciación de la enseñanza del inglés y la garantía de la enseñanza en castellano en las diecisiete comunidades autónomas.

La respuesta más unánime ha sido generada por las previsiones sobre el inglés. Menor unanimidad se advierte en relación con Educación para la Ciudadanía y con la enseñanza en castellano.

Transversalidad en valores

Al enjuiciar la determinación del presidente del PP sobre la retirada de Educación para la Ciudadanía, Manuel de Castro sostiene que desde FERE-CECA aprobarían esta medida, ya que «iría en la línea de lo que siempre hemos defendido». Es decir, «la transversalidad en la educación en valores». No obstante y en sintonía con quienes apoyan como imprescindible el pacto educativo, De Castro insiste en que «ahora, como en los últimos años, se hace imprescindible un pacto político que nos saque de la espiral de reformas y contrarreformas en la que estamos sumidos y que permita avanzar hacia una verdadera educación de calidad sumando esfuerzos».

La CECE apoya que se considere prioritario la supresión de la asignatura «por sus contenidos de adoctrinamiento».

Acade, cuyo presidente es Jesús Núñez, se muestra complacido «al comprobar que el PP apoya una propuesta que Acade ya defendió en el proceso de redacción de la LOE, como es que los contenidos de Educación para la Ciudadanía se consideren un eje transversal, tal y como estaban ya contemplados los valores en la LOGSE. La formación ética y cívica son fundamentales para la educación integral del alumno, por lo que deben imbricarse a lo largo de todo el currículo, según esta organización.

En parecidos términos se pronuncia Luis Carbonel, presidente de la Concapa. «Medidas sensatas —señala— como suprimir el contenido adoctrinador de la asignatura Educación para la Ciudadanía —repartiendo sus contenidos objetivos como el estudio de la Constitución Española o el Tratado de Derecho Internacionales en otras materias— es, sin duda, una acierto».

Mercedes Coloma, presidenta de Cofapa respalda la eventual desaparición de Educación para la Ciudadanía, «ya que es una materia que invade ámbitos privados de la persona y que lesiona los derechos de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas».

Lola Abelló, presidenta de la Ceapa, no comparte estas opiniones. «Creo —asegura— que la propuesta de eliminar Educación para la Ciudadanía supone una claudicación hacia los sectores religiosos más fundamentalistas, y nos alejaría de la educación que se imparte en otros países europeos». Por tanto, «no entendemos la oposición a una asignatura que proporciona una serie de valores universales que pueden suscribir personas con cualquier creencia o ideología». Abelló lamenta que, «en lugar de plantear propuestas constructivas que aporten mejoras al sistema educativo, el PP quiera derribar lo realizado en estos últimos años, empezando por la LOE, una ley aprobada con un consenso importante».

Enseñanza precoz del inglés

La implantación de medidas para fomentar el bilingüismo y hasta el trilingüismo, en las que se proyecta una inversión de 800 millones de euros en ocho años y u na anticipación de la enseñanza del inglés a los tres años, se ha recibido con esperanza. «Nadie puede plantearse duda alguna sobre la importancia del bilingüismo —indica FERE-CECA—, pero aquí debemos recalcar la necesidad de que no se discrimine a los centros concertados». Estas «deben ser las mismas que reciban los públicos, porque de otra forma se incurre en una discriminación intolerable que de hecho ya se está produciendo». La CECE celebra que «los niños de 10 años puedan dominar el inglés perfectamente».

Acade ve la propuesta como «muy positiva, aunque ambiciosa». La organización que agrupa a centros privados enfatiza en que «nuestra experiencia de cerca de treinta años con centros bilingües nos ha demostrado que para llevar a cabo este proyecto con éxito, además de los medios económicos, se necesitan profesores nativos en inglés en todas las especialidades del currículum de todas las etapas educativas». Por esta razón, considera que en los centros públicos, debido a su propia naturaleza, resulta difícil de implantar».

Los padres católicos se muestran satisfechos. Luis Carbonel califica esta iniciativa de «ilusionante» y afirma que «sacará a España de su retraso en el tema de los idiomas».